El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha levantado la condición de perjudicado de Pablo Iglesias en el caso Villarejo. El juez que investiga la macrocausa Tándem considera que es "insostenible" que el líder de Podemos siga manteniendo esta situación de "perjudicado y ofendido" y acuerda esta diligencia tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. El instructor, no obstante, desestima volver a citar a declarar a la exasesora de Podemos Dina Bousselham ante las contradicciones en las que incurrió el lunes pasado en sede judicial por el robo y posterior robado de su teléfono móvil.
El Ministerio Fiscal había solicitado al magistrado que volviera a citarla para que ofreciera su perdón a Iglesias tras el cambio de versión de la pasada semana en comparación con su primera declaración como perjudicada en marzo del pasado año. Sin embargo, aquí el juez no adopta la tesis de Anticorrupción porque considera que todavía quedan más diligencias por practicar. "Debemos concretar el momento en que se recibe la tarjeta por parte de Dina Bousselham y qué hizo cuando tuvo la tarjeta en su poder. Resulta apremiante averiguar a qué empresa llevó la tarjeta y determinar si ésta llegó a realizar alguna actuación sobre la misma", dice el juez en su auto en el cual aclara que, toda vez se esclarezcan estos extremos, podría volverla llamar a declarar.
Estos hechos se enmarcan en la pieza número 10 de la macrocausa Tándem en la que se investiga el robo del teléfono de Dina Bousselham en 2015 mientras estaba en unos grandes almacenes con su pareja. Los hechos se produjeron después de que Iglesias dejara su escaño en el Parlamento Europeo, en donde Bousselham ejerció de asesora suya. El magistrado les ofreció personarse como perjudicados a ambos en esta parte concreta del caso después de que la Policía Judicial hallara en el domicilio de Villarejo el contenido del teléfono sustraído a la exdirigente del partido morado. Un año después el caso ha dado un giro de 180 grados principalmente tras su declaración este pasado lunes en la que explicó que ella recibió la tarjeta de su móvil en agosto de 2016 de manos de Pablo Iglesias y que ésta estaba completamente dañada.
Aunque el magistrado no pasa por alto las contradicciones de su testifical, considera que de las diligencias practicadas en este momento se puede decir que la tarjeta de su móvil llegó a manos del entonces presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio y que éste se la entregó a Iglesias a comienzos de 2016 asegurando que no publicarían nada de su contenido por tratarse de asuntos de índole privada. En ese momento la tarjeta estaba en perfecto estado pero cuando llegó a Bousselham ya era irrecuperable. Ahora bien, el magistrado deja claro que hasta la fecha no se ha podido esclarecer "quién causó los daños materiales que la misma presentaba".
De hecho, tampoco puede datar con precisión cuando le devolvió Iglesias el dispositivo a su dueña. Dina dijo que la recibió en verano de 2016 pero el juez asegura que ese extremo no se corrobora con los correos enviados por su pareja, Ricardo Sá Ferreira, para poder recuperar el contenido del teléfono. Todo esto lleva a concluir al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que Iglesias pudo haber mantenido la tarjeta en su poder un rango de tiempo que va desde los seis meses a los 36 en caso de que la entrega se hubiera efectuado tres años después, en marzo de 2019.
En su testifical de la pasada semana, Bousselham dijo que había contactado con una empresa para recuperar el contenido del teléfono. Este hecho motivó que el juez requiriera las comunicaciones y encargara un "análisis técnico" de las mismas a Asuntos Internos de la Policía Nacional. Una vez examinados, dice ahora García Castellón, "no concuerdan con ninguno de los datos" aportados por Dina en su declaración. De acuerdo con las pesquisas, Sá Ferreira se puso en contacto con una empresa madrileña en febrero de 2017 para poder recuperar los datos de la tarjeta SD. En septiembre de ese año envió un disco duro y un mes después, a la vista del elevado coste de reparación, se solicitó el dispositivo de vuelta sin arreglar.
Estos hechos no cuadran con lo que Dina dijo en sede judicial acerca de que envió la tarjeta a una empresa alemana sino que casan más bien con lo manifestado en marzo de 2019 cuando dijo que nunca llegó a enviarla a Berlín. Esta es una de las muchas contradicciones en las que incurrió la todavía perjudicada en sede judicial. Otra de ellas está relacionada con las capturas que ella misma hizo de su teléfono de conversaciones privadas entre dirigentes de Podemos. En su última visita a la Audiencia Nacional admitió que los 'pantallazos' que se acabaron publicando en prensa, tales como la famosa conversación que mantuvo Iglesias sobre Mariló Montero, los hizo "para almacenarlos" y los envió a terceras personas.
Este hecho lleva al instructor a pensar que, "aunque no puede descartarse en absoluto la participación de Villarejo" en esta publicación en prensa (puesto que entre el material hallado en su domicilio estaban las mismas capturas del teléfono), la difusión la podría haber llevado a cabo cualquiera puesto que estaban en poder de terceros. "Ello incluiría no solo a las personas a quien esta última hubiese enviado voluntariamente esas capturas de pantalla sino también al propio Pablo Iglesias, quien mantuvo la tarjeta en su poder por un tiempo que no ha podido ser concretado", dice el instructor.
En concreto, los agentes hallaron en el domicilio de Villarejo tras su detención abundante documental del contenido del teléfono que habría sido modificada en 2016 porque no coincide con los archivos originales, creados en diciembre del ejercicio anterior. Se trata de las carpetas Dina 2 y Dina 3 que vendrían a contener datos personales, bancarios y fotografías "de carácter íntimo" de la exdirigente regional de Podemos además de las capturas de las conversaciones mantenidas por Telegram. Iglesias, por su parte, aseguró tras declarar como perjudicado en marzo de 2019 que esto se debía a una operación propia de las cloacas del estado para difundir información falsa de Podemos y desacreditarle ante la opinión pública.
